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Ley Especial para la Dignificacion de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales

Fuente: Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

Vigencia: 06-05-2011

     Decreto Nº 8.197                                               viernes 06 de mayo de 2011

 

 

HUGO CHAVEZ FRIAS

Presidenta de la República

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ESPECIAL PARA LA

DIGNIFICACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RESIDENCIALES

 

Conscientes de que las trabajadoras y trabajadores que ejercen el oficio de conserjería, constituyen una expresión viviente de la miseria estructural que aun vive nuestro pueblo, sin vivienda, sin empleo, y sometidas y sometidos a condiciones inhumanas propias de formas contemporáneas de esclavitud que hoy ejerce el capital sobre el trabajo. Trabajadoras y trabajadores que por sólo contar con su fuerza de trabajo como mercancía; para sobrevivir, han tenido que aceptar muchas veces, sin alternativa, las humillaciones a que son sometidas y sometidos por el acceso a una vivienda y a un empleo, siendo que el sistema patriarcal de valores que constituye la sociedad capitalista desconoce el valor del trabajo doméstico, fundamentalmente de la mujer, y por ello establece relaciones de dominación en todos los órdenes de la vida de estos trabajadores y trabajadoras, mujeres en su mayoría, adultos y adultas mayores, familias sometidas a maltratos, humillaciones y limitaciones.

 

Conscientes de que las dificultades para el acceso a la vivienda por este sector

vulnerable se ven agravadas por la tragedia que han generado los cambios climáticos, y que la terminación de la relación laboral de estas trabajadoras y trabajadores, por la causa que fuere, le imponen el desalojo forzoso de sus viviendas, en medio de las dificultades que se afrontan para el acceso a este bien, que constituye un derecho humano.

 

Escuchando el llamado y redamo de este sector frente a la inconstitucionalidad del

marco jurídico regulatorio del oficio de conserjes, establecido en al Título V, Capítulo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 10 de Junio de 1997, que colide con disposiciones fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en referendo popular el 15 de diciembre de: 1999.

 

Conforme al mencionado capítulo de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras de conserjerías son aquellas personas "...que tienen a su cargo la custodia de un inmueble, la atención, el aseo y el mantenimiento del mismo..." (artículo 282) y que además para el desarrollo de esa labor tienen derecho, conforme al artículo 285, "...a un descanso continuo no menor de 9 horas a partir de las 10 de la noche..." artículo que da pie a que las administradoras y juntas de condominio les exijan una jornada laboral de 15 horas diarias.

 

Siendo este el marco legal que ha favorecido el desarrollo en la sociedad venezolana de prácticas contemporáneas similares a la esclavitud, que si bien se encuentra formalmente abolida, encuentra un campo fértil para germinar en el marco de las relaciones de explotación capitalistas; y es por ello que, si bien pueden encontrarse excepcionalmente personas con este oficio a quienes se les garantizan plenamente sus derechos como trabajador o trabajadora, como mujer y como habitante de una comunidad; en la mayoría de los casos nos encontramos con situaciones graves de violación a sus derechos, como al sometimiento a jornadas de trabajo diarias mayores a las 8 horas, no pago de salarios o pagos mensuales menores al salarlo mínimo, prohibiciones de salir embarazada, discriminación de sus hijos e hijas con la prohibición de acceso a las áreas comunes del edificio, suspensión Ilegal de servicios, desalojos arbitrarios, entre otras violaciones a derechos humanos garantizados por la Constitución de la República.

 

Resulta fundamental que la sociedad en su conjunto reflexione sobre las relaciones de explotación, servidumbre y esclavitud que se desarrollan en el capitalismo, para lo cual se hace necesario ahondar en la descripción de la situación de vida de este grupo de personas que ha sido sometido a condiciones inherentes al nombre que se le ha puesto a su oficio: Conserje. "Conserje es el que tiene a su cuidado, la custodia, limpieza y llaves de un edifìcio (DRAE), el castellano adaptó la voz francesa concierge, probablemente procedente del latín vulgar, conservius, formado de la preposición cum (con) y servus (esclavo)".

 

Como puede apreciarse la palabra "Conserje" tiene en su raíz etimológica la connotación de esclavo o sirviente, y en nuestra realidad este oficio se ha venido traduciendo en relaciones efectivamente propias de formas contemporáneas de esclavismo, puesto que las libertades de vida de hombres y mujeres que desempeñan este oficio, así como sus familias, se ven limitadas y dominadas por sus patronos. No limitándose la problemática, a las violaciones de derechos laborales, se requiere una regulación jurídica especial para la dignificación de las personas que desarrollan este oficio con rasgos muy particulares generados a partir de la residencia del trabajador o trabajadora y sus familiares en la comunidad donde presta sus servicios.

 

Ocurren hoy en nuestro país una gran cantidad de violaciones de derechos humanos contra un grupo humano de familias que fueron desplazadas en su mayoría por alguna expresión del capitalismo, ya sea por el conflicto armado en países vecinos, como por la agenda neoliberal de desplazamiento del campo a la ciudad.

 

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de conserjería son mujeres, generalmente de avanzada edad y en muchos casos madres solas, que debido a venir desplazadas y con la necesidad de resolver un techo para sus familias asumen este régimen de relaciones de esclavitud y sobre-explotación. Donde además la situación de indefensión es doble, puesto que en este momento todo despido, siendo estos injustificados en la mayoría de los casos, Implican la inmediata desocupación del inmueble de habitación familiar, rayando en una de las acciones mas crueles de este sistema, que es la medida de desalojo forzoso que deja a estos trabajadores, trabajadoras y sus familias en la calle después de toda una vida de explotación y esclavitud.

 

Estas situaciones resultan inconcebibles y requieren una acción inmediata y enérgica del Estado social Democrático de Derecho y de Justicia que estamos construyendo, para garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en nuestra Constitución, a este sector vulnerable, y promover la erradicación de toda forma de relaciones esclavistas contemporáneas.

 

Frente a esta situación el Gobierno Bolivariano consciente de la necesidad de la profundización del proceso social que, orientado hacia el bien común y el buen vivir, que se viene adelantando en los últimos años. Asume este proyecto de ley como la herramienta que permita realizar una intervención especial para el caso de este grupo excluido y vulnerable, reconociendo su carácter de sujeto de atención especial y basándose en los ámbitos de actuación de la ley habilitante referentes a:

 

1- En el ámbito de la atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza.

a) Dictar normas que regulen los modos de proceder de autoridades públicas o

entidades privadas, ante calamidades, emergencias, catástrofes u otros hechos

naturales que exijan medidas inmediatas da respuesta y atención para satisfacer las necesidades humanas vitales...

c) Dictar medidas que permitan desarrollar de manera equitativa, justa, democrática y participativa los derechos de la familia venezolana para su buen vivir...

2. En el ámbito de la infraestructura, transporte y servicios públicos:

a) Dictar o reformar normas que regulen la actuación de los órganos y entes del Estado

y personas de derecho privado, en la realización de obras de infraestructura, tales

como urbanismos, servicios, edificaciones educativas y de salud...

3 En el ámbito de la vivienda y hábitat:

Dictar o reformar normas que regulen la actuación de los árganos y entes del Estado y

personas de derecho privado, en la construcción de viviendas, estableciendo

dispositivos destinados a Garantizar el derecho a una vivienda adecuada, segura,

cómoda, higiénica, con servidos básicos esenciales que incluyan un hábitat que

humanice las relaciones familiares, vecinales y comunales, y permitir el acceso de las

familias a los medios económicos, a través de aportes y financiamiento tanto público

como privado, para la construcción, ampliación, remodelación y adquisición de

viviendas y sus enseres, elevando la condición de vida y el bienestar colectivo...

2- En el ámbito de la ordenación territorial, el desarrollo integral y del uso de la tierra

urbana y rural.

a) (...) Regular la creación de nuevas comunidades (...)

b) Dictar medidas que permitan establecer una adecuada ordenación del uso social de

las tierras urbanas y rurales susceptibles de ser desarrolladas con servidos básicos

esenciales y hábitat que humanice las relaciones comunitarias.

3- En el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica:

Dictar o reformar normas destinadas a la organización y funcionamiento del sistema de

seguridad ciudadana, del sistema policial y de protección civil; establecer

procedimientos eficaces, eficientes, transparentes y tecnológicamente aptos y seguros

para la identificación ciudadana y el control migratorio, y la lucha contra la impunidad,

así como establecer normas que prevean las sanciones que deban aplicarse en caso

de comisión de hechos punibles y los procedimientos tendentes a materializar la

seguridad Jurídica.

4- En el ámbito del sistema socioeconómico de la Nación:

Dictar o reformar normas que desarrollen los derechos consagrados en el título VI de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para erradicar las

desigualdades entre los ciudadanos y ciudadanas que se derivan de la especulación, la

usura, la acumulación del capital, los monopolios, oligopolios y latifundios y para crear

las condiciones de igualdad en el acceso a la riqueza nacional, y la construcción del

buen vivir de tos pueblos urbanos...

Este Decreto ley Especial para los Trabajadores y Trabajadoras Residenciales,

anteriormente conocidos y conocidas como conserjes, se sustenta en la necesidad de

promover "un marco legal específico que acelere y dinamice las políticas y acciones,

que durante diez años ha realizado el gobierno bolivariano, tendentes a garantizar

soluciones adecuadas a la grave problemática social y económica derivada del impacto

de la crisis de la economía capitalista, contando con la actuación corresponsable entre

el Estado y el pueblo organizado conforme a los preceptos contenidos en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela'', tal como lo reza en su

exposición de motivos la Ley Habilitante 2010 promulgada por la Asamblea Nacional

con el objetivo de facultar al Presidente de la República para dictar decretos

contentivos de actos con rango, valor y fuerza de Ley, tendentes a instrumentar el

proceso de transformación en los distintos ámbitos de la vida pública, en función de

principios que sean permanentes y con la categoría de actos cotidianos, materializados

en realidades concretas para el buen vivir del colectivo humano que constituye la

Nación Venezolana.

 

Esta ley parte de la premisa de que los trabajadores y trabajadoras residenciales son un grupo vulnerable y excluido en cuanto viven sometidos y sometidas a un régimen esclavista donde se vulneran sus derechos humanos fundamentales. En nuestro país existen cerca de 100.000 edificios residenciales multifamiliares (según cifras del Instituto Nacional de Estadística).

 

Decreto Nº 8.197                                                         del 05 de mayo de 2011

 

HUGO CHAVEZ FRIAS

 

Presidente de la República

 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr "la defensa y el desarrollo de la

persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta constitución por ser fines esenciales del Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugnan como valores superiores a su ordenamiento jurídico, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político establecido en los artículos 3° y 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en función de impedir el agravamiento de la situación generada por el cambio climático y de rescatar la dignidad de dichas trabajadoras y trabajadores, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 1, literal a, de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 6.009 Extraordinario de fecha 17 de Diciembre de 2010 en Consejo de Ministros,

 

 

 

 

 

DICTA

El siguiente,

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ESPECIAL PARA LA

DIGNIFICACION DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RESIDENCIALES

 

TÍTULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

 

Objeto

 

Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene como objeto asegurar las garantías constitucionales y los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras residenciales, generando las condiciones necesarias para su dignificación. Delimitando las acciones propias de lo que hasta ahora ha sido denominado oficio de conserjería, las partes del proceso, los derechos y obligaciones, así como los mecanismos especiales para la garantía efectiva de los derechos de este sector, establecidos en la constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Impulsando cambios en las relaciones de trabajo y patrones socioculturales propios de un sistema patriarcal y capitalista, que genera relaciones de explotación, expresadas en formas contemporáneas de esclavitud y desigualdad.

 

Aseguramiento pleno de Derechos y Garantías

Constitucionales

 

Artículo 2°. Los trabajadores y las trabajadoras residenciales gozan de todas las garantías y derechos constitucionales establecidos en su condición de ser humano, en su relación laboral, en cuanto a su participación ciudadana, así como su vida familiar y comunitaria.

 

Se aplicará siempre de manera preferente la ley que beneficie al trabajador o trabajadora en función de la garantía plena de todos sus derechos. Las instituciones involucradas en la defensa y garantía de sus derechos establecerán políticas dirigidas a la atención especial de este sector vulnerable, en tal sentido promoverán políticas de protección, contrataría y actuación de oficio en las siguientes materias:

 

a) Derechos ciudadanos: la garantía del derecho a las relaciones individuales de todo integrante de la sociedad, a la libertad política, a la participación, a la organización, a la libre asociación, a la Integridad personal y familiar, tanto mentales como físicas; así como los derechos colectivos de las familias, de las mujeres y de la igualdad de géneros, así como de niños, niñas y adolescentes, y de adultos y adultas mayores. También es necesario garantizar de manera especial los derechos a la salud, a la educación, al deporte, a la recreación y a la cultura.

 

b) Derechos laborales: el cumplimiento de una jornada de trabajo conforme a las

previsiones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes en materia laboral, la prohibición de descuentos indebidos efectuados al salario de los trabajadores y trabajadoras, el cumplimiento de las normas establecidas en la legislación laboral en general, así como lo referente a las condiciones y ambiente de trabajo, la seguridad y salud laborales y la seguridad social.

 

c) Derechos a una vivienda y hábitat digno: el reconocimiento de los derechos como habitante de una comunidad, así como la necesidad de proveer los medios para garantizar el acceso al suelo y a una vivienda en un hábitat digno para la vida del trabajador o trabajadora y su familia.

 

Principios

 

Artículo 3°. Esta ley tiene como referencia la orientación estratégica de avance hacia

un Estado Comunal como Estado Social de Justicia y de Derecho, basado en principios

de respeto mutuo, justicia, igualdad, solidaridad y corresponsabilidad donde el pueblo

organizado ejerza de manera directa el Poder Popular, como vía para construir una

sociedad socialista, en tal sentido los principios que orientarán el desarrollo de esta ley

son:

 

1. La búsqueda del buen vivir; como modo de vida emancipada, en lucha por la

erradicación de toda forma de dominación, discriminación y explotación, la

transformación de las relaciones patriarcales y la satisfacción de las necesidades

reales y prioritarias de la población.

2. El impulso de un nuevo modelo productivo donde el trabajo sea liberador:

garantizando la lucha contra la división del trabajo por género, clase, territorio, edad o ideología; contra la enajenación de la fuerza de trabajo y hacia la auto-organización del trabajo desde la base popular explotada. El trabajo dignifica a quien lo realiza, cuando está orientado a construir una sociedad justa y amante de la paz, de conformidad con lo estableado en el artículo 3o de nuestro texto constitucional.

3. El rescate de la ciudad: por cuanto el hábitat, el suelo y la vivienda son derechos

humanes y no mercancías; se mantiene la lucha contra la especulación inmobiliaria y el latifundio urbano; para lograr la autogestión del hábitat en el desarrollo de nuevas comunidades socialistas; el uso social del suelo, y el rescate de terrenos e inmuebles ociosos para atender necesidades prioritarias de la población.

4. El fortalecimiento del Poder Popular: a través de la organización como vía para el ejercicio directo del poder; la corresponsabilidad en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas; la autonomía del movimiento popular, y la unidad del pueblo organizado.

 

TÍTULO II

DEFINICIONES

 

De los trabajadores y trabajadoras residenciales, definición y responsabilidades del oficio

 

Artículo 4°. Se entiende por trabajadores y trabajadoras residenciales aquellos y

aquellas que tienen a su cargo la limpieza y aseo de las áreas comunes de un

inmueble destinado a viviendas multifamiliares, establecimientos u oficinas.

 

Queda en el pasado la denominación "conserje" por ser un término peyorativo y que refiere una forma contemporánea de esclavitud.

 

 

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley regula lo concerniente a los

trabajadores y trabajadoras residenciales, independientemente de que éstos habiten en el inmueble en el cual prestan sus servidos o fuera de él.

 

De la prohibición de explotación y mercantilización

 

Artículo 5º. Se prohíbe toda forma de explotación y mercantilización de la fuerza de trabajo y de la vida en todos sus aspectos, que conllevan a distintas formas de

violación o vulneración de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras

residenciales, como consecuencia directa de la relación laboral.

 

Da la definición de este sector como grupo vulnerable, sujeto de atención especial por parte del Estado Venezolano

 

Artículo 6°. En concordancia con el artículo anterior, se define el sector de trabajadores y trabajadoras residenciales, junto con sus familias, como grupo vulnerable, considerado sujeto de atención especial para el desarrollo de políticas públicas, fundamentalmente en las áreas de vivienda, trabajo, seguridad social, mujer e igualdad de género, niños y niñas, y adultos y adultas mayores, así como participación.

 

Función social del oficio, corresponsabilidad y medios de comunicación

 

Artículo 7°. El trabajador o la trabajadora residencial cumple una función social porque su proceso de trabajo estará orientado a prestar un servicio que garantice un ambiente adecuado en el inmueble donde labora, en función de la salud y bienestar de sus habitantes. En tal sentido, los medios de comunicación y quienes ejerzan la relación patronal deben contribuir a la formación de los vecinos y las vecinas sobre su corresponsabilidad en el cuidado de las áreas comunes y en el respeto al oficio.

 

De la condición como Integrante de la comunidad

 

Artículo 8º. Durante la relación de trabajo se considerará al trabajador y trabajadora

residencial, así como a los Integrantes de su familia que vivan con él o ella, como

habitantes de la comunidad en la que presta el servicio, con los mismos derechos

inherentes a la vida social, comunitaria, familiar y ciudadana, que el resto de los

habitantes del inmueble, todo esto en concordancia y respeto mutuo de las normas de

convivencia comunitaria.

 

TÍTULO III

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

 

Definición de las partes

 

Artículo 9°. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se consideran partes en la relación de trabajo para el ejercicio de la labor, a la comunidad de habitantes y a la trabajadora o trabajador residencial. La figura de Patrono estará representada por la comunidad de residentes, quien actuará a los efectos de establecer las órdenes e instrucciones para el trabajador o trabajadora, a través de la junta de condominio. No se consideraran patronos, ni actuarán como tales, las empresas u organizaciones que presten servicios de administración de condominio.

Cuando la relación se establezca en inmuebles destinados al comercio o a fines

distintos a la habitación, la figura de Patrón será ejercida por la junta de condominio o la comunidad de copropietarios, arrendatarios, administradores, responsables o encargados de los establecimientos u oficinas.

 

La contratación de los trabajadores y trabajadoras residenciales por medio de cooperativas, empresas privadas, o cualquier otra forma de tercerización, no podrá

menoscabar o disminuir los derechos consagrados a favor de dichos trabajadores y trabajadoras en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y en la

legislación laboral. Serán nulos los negocios jurídicos y contratos a través de las cuales se pretenda evadir la relación de trabajo regulada por el presente Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley, con fines de excluir a estos trabajadores y trabajadoras de la presente regulación y protección legal, mediante la simulación de la relaciones de trabajo con otras figuras jurídicas. Para lo cual, el funcionario actuante o el operador de justicia podrá desconocer las formas jurídicas mediante las cuales se pretenda la simulación.

 

De las responsabilidades de la comunidad

 

Artículo 10. Será responsabilidad de los habitantes que integran la comunidad en la

cual el trabajador y trabajadora residencial presta servicios, conservar en buen estado

de limpieza las áreas comunes, a tal efecto deberán responder por los perjuicios de

cualquier índole ocasionados en el inmueble.

 

De las responsabilidades de la junta de condominio

 

Artículo 11º. Es responsabilidad indelegable de la junta de condominio del inmueble, o la organización de la comunidad que haga sus veces, lo que corresponde a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo existente entre ésta y el trabajador o

trabajadora residencial, así como la administración y garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos del inmueble.

 

La asamblea de residentes o copropietarios, como máxima instancia, aprobará la contratación o remoción del trabajador o trabajadora residencial, y promoverá el respeto de sus derechos consagrados en esta ley, la constitución y demás leyes de la República, respondiendo corresponsablemente en la garantía de los mismos.

 

Los inquilinos e inquilinas tienen igualmente corresponsabilidad como miembros de la comunidad beneficiarla de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora.

 

De las responsabilidades de la junta de condominio u organización comunitaria correspondiente

 

Artículo 12º. Las obligaciones derivadas de la relación de trabajo existente entre el trabajador o trabajadora residencial y el patrono es responsabilidad de todos los propietarios y todas las propietarias, de manera individual, según la alícuota parte que le corresponda en el inmueble, o de forma colectiva, si cuentan con una instancia de organización.

 

 

 

La asamblea de residentes, como máxima instancia, aprobará la contratación reconociendo la estabilidad laboral establecida en la normativa legal vigente para los trabajadores y trabajadoras residenciales, o su despido, aún cuando éste ocurra por causa justificada.

 

La garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos, instalaciones, maquinarias y equipos del inmueble, es responsabilidad de la comunidad de residentes, por lo que no podrán ponerse a cargo del trabajador o trabajadora residencial.

 

Prohibición de sobreexplotación

 

Artículo 13º. Se prohíbe la sobreexplotación del trabajador y trabajadora,

Entendiéndose como la asignación de labores que no se corresponden a la definición del oficio, y que se describen a continuación:

 

a) Ejecutar trabajos distintos a la limpieza y el aseo de las áreas comunes del

inmueble.

b) Ejecutar tareas que impliquen trabajos especializados o que sean responsabilidad de la Junta de Condominio.

c) La realización de esfuerzos que estén por encima de sus posibilidades físicas.

d) El control, observancia y supervisión del cumplimiento de los servicios públicos tales como luz, agua y gas, así como otras obligaciones y responsabilidades derivadas de la administración del inmueble o de quienes habiten en el mismo.

e) La vigilancia y custodia del edificio, la limpieza, aseo y mantenimiento de las áreas comerciales en caso que existan, así como de aquellos espacios distintos a los que componen las áreas comunes internas del inmueble.

f) Reparación de daños y desperfectos ocurridos en el inmueble.

g) Cualquier otro trabajo considerado como pesado, conforme a las normas que rigen la materia.

h) Labores que impliquen riesgo, de conformidad con la normativa relativa a seguridad laboral.

 

Límites de áreas de trabajo. Trabajador o trabajadora ayudante.

 

Artículo 14º. El reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley podrá establecer un límite máximo de área física común asignada a un solo trabajador o trabajadora residencial para la prestación de sus servicios, la cual podrá ser establecida por superficie o por número de unidades habitacionales, oficinas, locales o establecimientos.

 

A tal efecto, el patrono deberá contratar un (01) trabajador o trabajadora residencial por cada área física máxima determinada según el artículo anterior, y tantos ayudantes como sea necesario, para cubrir el área física total del inmueble.

 

El patrono será responsable de garantizar a las ayudantes o los ayudantes contratados, todos los derechos establecidos en la legislación laboral y en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, exceptuando lo referido a la provisión de vivienda, los derechos como parte de la comunidad y habitante del inmueble, salvo en aquellos casos en los cuales dicha o dicho ayudante sea pariente de consanguinidad o afinidad del trabajador o trabajadora residencial y haya común acuerdo de vivir en la misma vivienda, o en aquellos inmuebles donde haya condiciones para habilitar una vivienda temporal en las condiciones de dignidad y habitabilidad.

 

Así mismo, el reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley

podrá establecer y regular la obligación de prever un espacio idóneo como vivienda de la trabajadora o trabajador residencial en los desarrollos habitacionales que se construyan.

 

TÍTULO IV

 

DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

De las relaciones entre el trabajador o trabajadora residencial y su comunidad

 

Artículo 15º. Las actividades desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras

residenciales se considerarán como una responsabilidad que la comunidad de un

inmueble destinado a viviendas multifamiliares delega en una o varias personas a

quienes reconocen como trabajadoras o trabajadores al mismo tiempo que habitantes de esa comunidad, por lo que gozan de los mismos derechos, y con los cuales deben privar principios de respeto, igualdad, solidaridad y convivencia colectiva, en el marco de la Constitución y leyes de la República.

 

De los derechos de las Mujeres trabajadoras residenciales

 

Artículo 16º. Las trabajadoras residenciales gozan y serán protegidas en sus derechos como mujeres, tales como la protección laboral de la maternidad, la lactancia materna, descanso pre y post natal, fuero maternal y demás derechos como mujer trabajadora y en materia de género. En tal sentido, esta situación debe ser abordada de manera priorizada por el ministerio con competencia en materia de mujer e igualdad de género, para su debida inclusión en el sistema de pensiones, seguridad social y demás políticas de atención especial a las mujeres.

 

Respeto a la maternidad y la paternidad

 

Artículo 17º. Debe ser respetado el derecho a la familia de los trabajadores y

trabajadoras residenciales, por lo tanto no podrán establecerse en los contratos de

trabajo prohibición alguna de embarazo, ni limitaciones a la libre reproducción y

desarrollo de la vida familiar. En consecuencia, es nula cualquier norma que limite o menoscabe estos derechos.

 

Los trabajadores y trabajadoras de este oficio gozan de todos los derechos vinculados a la maternidad y la paternidad establecidos en la ley.

 

De los familiares del trabajador o trabajadora residencial

 

Artículo 18º. No se consideran como partes de la relación de trabajo los familiares del

trabajador o trabajadora residencial, salvo que dicho familiar suscriba un contrato de

trabajo aparte, conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y el

ordenamiento jurídico aplicable.

 

Derechos de la familia

 

Articulo 19º. Los trabajadores y las trabajadoras residenciales, junto a su familia,

tendrán todos los derechos como habitantes del inmueble en el uso de áreas comunes, visitas de familiares, amigos y amigas.

 

De los niños, niñas y adolescentes que convivan con el trabajador o trabajadora residencial

 

Artículo 20º. Los niños, niñas y adolescentes que convivan con los trabajadores y

trabajadoras residenciales están amparados por la legislación vigente que rige la

materia, en consecuencia, no podrán ser objeto de violencia por parte de los

integrantes de los residentes o usuarios del inmueble, tampoco podrán ser obligados u

obligadas a desempeñar trabajos en el inmueble, ni mucho menos sometidos a tratos discriminatorios.

 

De la protección especial a adultos y adultas mayores

 

Artículo 21º. Se garantizará protección especial a los trabajadores y trabajadoras

residenciales considerados como adultos y adultas mayores, por tanto son considerados sujetos y sujetas de protección especial para ser beneficiarios de las

políticas públicas que les beneficien en todas las áreas. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional Implementará políticas especiales para provisión de viviendas a las adultas y los adultos mayores que presten servicios como trabajadores residenciales, pero carezcan de vivienda propia.

 

Del uso del inmueble ocupado por el trabajador o trabajadora residencial

 

Articulo 22º. El inmueble ocupado temporalmente por el trabajador o trabajadora

residencial es su vivienda familiar, en consecuencia tiene el derecho, el o ella y su

familia, de usar el inmueble y sus áreas comunes, así como tiene los mismos deberes

aplicables a todos los y las habitantes de la comunidad, sin privaciones o

discriminaciones de ningún tipo. La trabajadora o el trabajador residencial no podrá

enajenar, gravar o arrendar, en todo o parte, el inmueble, salvo en los casos en que la

comunidad, a través de los negocios jurídicos establecidos en el ordenamiento

aplicable, haya otorgado tales derechos, o cuando por vías excepcionales haya

obtenido tales derechos sobre el inmueble.

 

Sobre el uso del tiempo libre, derecho a la recreación, estudio y participación

 

Artículo 23º. Los trabajadores y trabajadoras residenciales tendrán derecho a utilizar su

tiempo libre conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las normas que rigen la materia de seguridad y salud laborales, no

estando obligado u obligada a permanecer durante este tiempo en su sitio de trabajo.

 

 

 

 

 

Del respeto y la no discriminación

 

Artículo 24º. Los trabajadores y trabajadoras residenciales serán respetados y respetadas en cuanto a sus opiniones políticas, creencias religiosas, origen cultural,

racial, género y orientación e identidad sexual, grado académico y clase social, de

conformidad con los derechos humanos, la constitución y leyes de la República. No

podrán ser reprimidos los espacios que tenga el trabajador, la trabajadora o su familia

para desarrollar ninguna de sus expresiones u opiniones.

 

Del derecho a ser Indemnizados

 

Artículo 25º. Los trabajadores y trabajadoras deberán ser indemnizados por los daños

y perjuicios causados por los patronos en cualquier caso de violación del texto de esta

ley. En el entendido que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al goce de sus

derechos, a la restitución en el caso de violación y a la indemnización por los daños y

perjuicios sufridos por la violación de los mismos.

 

TÍTULO V

DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS LABORALES

 

Jornada Laboral

 

Artículo 26º. Los trabajadores y trabajadoras residenciales estarán sometidos a la

jornada diurna de trabajo, y fines de semana libres, que se desarrollará con criterio de

flexibilidad para el trabajador o trabajadora, conforme a las previsiones establecidas en

esta materia en la legislación laboral.

 

Plan de trabajo

 

Artículo 27º. El justo cumplimiento de la jornada laboral será garantizado por un plan de trabajo, en el que se contemplarán aquellos casos donde la distribución de horarios contravenga la jornada diurna o fines de semana. El Plan de Trabajo debe ser diseñado de mutuo acuerdo entre el trabajador o trabajadora y el patrono, sin menoscabo de los derechos del trabajador o trabajadora.

 

Prohibición de obligar a laborar horas extraordinarias

 

Artículo 28º. No podrá obligarse al trabajador o trabajadora residencial a laborar horas extraordinarias. Cuando la trabajadora o el trabajador residencial, voluntariamente, opte por trabajar horas extraordinarias, deberán seguirse los trámites establecidos y ser pagadas conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral.

 

Salario

 

Artículo 29º. El salario del trabajador o trabajadora residencial no podrá ser inferior al

salario mínimo nacional, el cual debe ser pagado en forma quincenal. Pudiendo

establecer de común acuerdo entre las partes, mejores condiciones laborales y

salariales a las establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

El patrono está obligado a entregar al trabajador o trabajadora un recibo de pago

conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral.

De las suplencias

 

Artículo 30º. Para garantizar el disfrute efectivo de las vacaciones, reposos y licencias

del trabajador o trabajadora residencial, es obligación del patrono contratar a un o una

suplente durante dichos períodos. Este o esta suplente no podrá habitar la vivienda del

trabajador o trabajadora residencial, salvo casos excepcionales por medio de

autorización expresa de la trabajadora o el trabajador residencial.

 

Reivindicaciones laborales

 

Artículo 31º. El patrono tendrá la obligación con el trabajador o trabajadora residencial

de cumplir con el pago, retenciones, cotizaciones y demás obligaciones respecto a los

conceptos y derechos derivados de la relación de trabajo conforme a las normas,

previsiones y procedimientos establecidos en las legislaciones que rigen la materia

laboral, de seguridad y salud laborales y de seguridad social.

 

Labores peligrosas

 

Artículo 32º. En ningún caso las labores de los trabajadores y las trabajadoras

residenciales pueden representar algún grado de peligrosidad. En dichos casos el

patrono o patrona está obligado a contratar al personal calificado para el desempeño

de tales labores.

 

Enfermedades no ocupacionales

 

Articulo 33º. En caso de enfermedad o accidente no ocupacional o embarazo, el

patrono o patrona debe garantizar al trabajador o trabajadora residencial el disfrute de

los derechos que como trabajador o trabajadora le corresponden.

 

Enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo

 

Artículo 34º. El patrono o patrona debe cumplir con las obligaciones derivadas de las

enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo ocasionados en el desempeño de

las actividades del trabajador o trabajadora residencial, en los términos y condiciones

previstos en la legislación que rige la materia de salud y seguridad laborales.

 

Provisión de útiles de trabajo

 

Artículo 35º. El patrono o patrona deberá proveer al trabajador o trabajadora

residencial de los implementos y útiles necesarios para el desempeño de sus labores así como de un botiquín de primeros auxilios, todo esto conforme a lo establecido en las normas que rigen la materia de seguridad y salud laborales.

 

Resguardo de los útiles de trabajo

 

Articulo 36º. El resguardo de los implementos y útiles de trabajo deberá efectuarse en un espacio distinto a Ia vivienda que habite el trabajador o trabajadora residencial. De igual modo, debe crearse un espacio idóneo para el desempeño de sus labores, el cual debe contar con todos los servicios necesarios para el aseo.

 

Del proceso de formación y estudio

 

Artículo 37º. Los trabajadores y trabajadoras residenciales tienen derecho a ser parte

de programas de formación permanente que les permitan un mejor desempeño de sus

actividades en concordancia con las normativas sobre seguridad laboral y medio

ambiente de trabajo, así como el acceso a la formación necesaria para el desarrollo de

sus capacidades, aspiraciones y necesidades. En tal sentido los patronos, patronas y el

estado promoverán y facilitarán dicho proceso de formación, acordando modificaciones

al horario de trabajo, entre otros incentivos, becas y ayudantías.

 

Terminación de la relación de trabajo

 

Artículo 38º. Las condiciones, requisitos y procedimientos para terminar la relación de

trabajo con el trabajador o trabajadora residencial, se regirán por las normas previstas

en la legislación laboral. En virtud de ello, se prohíbe toda forma de despido sin que

medie justa causa previamente calificada por la autoridad competente.

 

De la protección de la relación dual: trabajador-habitante

 

Artículo 39º. La terminación de la relación de trabajo de los trabajadores y trabajadoras

residenciales implica la desocupación de la vivienda, para lo cual se deberán cumplir

los plazos de desocupación previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y

Fuerza de Ley.

 

En caso de conflicto sobre el plazo determinado o la ejecución concreta de la

desocupación se debe recurrir en primera instancia a procesos de mediación y

agotando las vías administrativas, antes de recurrir a las instancias judiciales con

competencia en la materia. En ningún caso podrá realizarse un desalojo forzoso y

arbitrario.

 

Plazos para desocupación del inmueble

 

Artículo 40º. Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, la trabajadora

o el trabajador residencial tiene derecho a que se le respete su condición de miembro

de la comunidad. En tal virtud, se le debe otorgar un plazo mínimo de tres (03) meses

para la desocupación del inmueble, contado a partir de la fecha en que se haga

efectivo el pago del total de las prestaciones sociales y demás deudas laborales que

persistieran al término de la relación laboral.

 

A los efectos de esta disposición, queda entendido que en el mismo momento en el

cual la trabajadora o el trabajador desocupe la vivienda, deberá entregarla a la junta de

condominio en las mismas condiciones en las cuales la recibió, sin que ello implique la

responsabilidad de cubrir el deterioro del inmueble por los años transcurridos u

ocasionados por terceros.

 

Así mismo, para dar cumplimiento a los lapsos para la desocupación de la vivienda, la

junta de condominio preverá la contratación de un trabajador o trabajadora suplente

durante el tiempo que lleve el proceso de desocupación, no estando obligado a trabajar

durante dicho período la trabajadora o el trabajador residencial.

 

En el reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley podrá

establecerse un plazo mayor para la desocupación de la vivienda con ocasión de la terminación de la relación laboral, en aquellos casos donde la misma obedezca a razones de discapacidad derivada de enfermedad ocupacional, accidente de trabajo certificados por el órgano competente, o por enfermedad o accidente no ocupacional.

 

Garantía del pago de los pasivos laborales

 

Artículo 41. Cuando el patrono o patrona incumpla su obligación de pagar al trabajador

o trabajadora sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales derivados de la

relación de trabajo, conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral, el

trabajador o trabajadora tendrá derecho a continuar ocupando la vivienda que se le ha

asignado con ocasión de su trabajo, hasta tanto se haga efectivo el pago correspondiente y transcurra el plazo de tres (03) meses referido en el artículo anterior.

 

En ningún caso podrá exigirse desocupación sin la cancelación de las prestaciones y

demás deudas con el trabajador o trabajadora, que constituyen su medio fundamental

para acceder a otra vivienda. En caso de fallecimiento del trabajador o trabajadora, las

mismas deberán ser canceladas a sus descendientes o y en caso de que no los

hubiere a sus ascendientes.

 

TITULO VI

 

DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS AL HABITAT Y LA VIVIENDA DIGNOS

 

Del espacio de habitación del trabajador o trabajadora y su familia

 

Artículo 42º. La vivienda del trabajador o trabajadora residencial debe tener las mismas

condiciones de habitabilidad que el resto de viviendas multifamiliares que componen el

inmueble, a objeto de garantizar los derechos de: higiene, privacidad, seguridad,

comodidad, dignidad y salubridad que como habitante del inmueble le corresponden.

 

Prohibición de destinar la vivienda del trabajador o trabajadora residencial para fines distintos

 

Artículo 43º. La vivienda que corresponda al trabajador o trabajadora residencial será

destinada únicamente para su habitación, con ocasión de la relación laboral. En

consecuencia, se prohíbe la incorporación en ésta de dispositivos que controlen el

funcionamiento de los servicios correspondientes al inmueble en el cual presta sus

servicios.

 

Los inmuebles de viviendas multifamiliares construidos a partir de la entrada en

vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberán cumplir con lo establecido en el presente artículo.

 

El Ejecutivo Nacional, mediante resolución del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, establecerá los plazos y condiciones para la adecuación de los inmuebles existentes a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, a lo establecido en el encabezado del presente artículo.

En ningún caso podrá alterarse el destino originario de la vivienda familiar temporal del trabajador o trabajadora residencial, en perjuicio del mismo o su familia.

 

Garantía da servicios públicos

 

Articulo 44º. El patrono debe garantizar que la vivienda asignada al trabajador o

trabajadora residencial tenga acceso a los servicios básicos en las mismas condiciones

que el resto de las viviendas que componen el inmueble.

 

El pago de los servicios públicos de agua, gas y electricidad, así como la renta básica del servicio de telefonía fija, con los cuales esté dotada la vivienda de la trabajadora o el trabajador residencial, correrá por cuenta del patrono. Se prohíbe al patrono el cobro al trabajador o trabajadora residencial de alguna cantidad por concepto de canon de arrendamiento de la vivienda que habita.

 

Del derecho al uso y disfrute de los espacios públicos del inmueble

 

Artículo 45º. Los espacios públicos y comunes del inmueble no podrán ser restringidos para el uso del trabajador o trabajadora residencial, ni para el de los integrantes de su núcleo familiar, atendiendo a los principios de igualdad y equidad. Así mismo debe garantizárseles el acceso a las áreas comunes, ascensores y servicios a los que tenga acceso toda la comunidad, en igualdad de condiciones.

 

Sobre el derecho a la vivienda

 

Artículo 46º. El Ejecutivo Nacional diseñará e implantará políticas especiales que

garanticen el derecho a una vivienda digna al sector de los trabajadores y trabajadoras

residenciales, como sujetos de atención especial, muy especialmente a aquellos

grupos familiares donde existan adultos o adultas mayores, con enfermedades o algún

grado de discapacidad.

 

TÍTULO VII

 

DE LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY

 

Capítulo I

De la Responsabilidad de los Órganos del Estado

 

De los Órganos responsables del cumplimiento de esta ley

 

Artículo 47º. Sin perjuicio de las competencias de todo los organismos del Estado

llamados a garantizar los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras

residenciales y sus familiares, establecidos en la constitución y leyes de la República,

los ministerios con competencia en materia de asuntos de la mujer y la igualdad de

géneros, del trabajo y de la seguridad social, vivienda y hábitat, así como la Defensoría

del Pueblo, velarán por el cumplimiento de esta ley para la superación de relaciones de

dominación y explotación y la progresiva dignificación del trabajador y trabajadora

residencial.

 

 

De la Defensa Pública de los trabajadores y trabajadoras residenciales

 

Artículo 48º. En virtud de la vulnerabilidad de este sector de trabajadores y

trabajadoras, la Defensa Pública habilitará la defensa y atención jurídica gratuita, con la finalidad de contener los atropellos y violaciones de derechos humanos en todas las áreas de acción de esta ley, garantizando el debido proceso,

 

Capítulo II

De la Organización de los Trabajadores y Trabajadoras

 

De las distintas formas do organización

 

Articulo 49º. Se respetarán y reconocerán todas aquellas formas de organización

popular que autónomamente constituyan los trabajadores y trabajadoras residenciales

para la lucha por sus derechos y el fortalecimiento del ejercicio directo y autónomo del

Poder Popular, así como las prácticas corresponsables con el Estado, especialmente

en la garantía del cumplimiento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de

Ley.

 

De la organización territorial

 

Artículo 50º. Las organizaciones populares de trabajadores y trabajadoras

residenciales con el apoyo corresponsable del Estado promoverán la organización de

dicho sector, priorizando un criterio de agrupación territorial de acuerdo a las

condiciones más favorables para los trabajadores y trabajadoras que compartan un

mismo eje geográfico urbano.

 

De la corresponsabilidad en sus planes y políticas

 

Artículo 51º. El Estado tiene la obligación de asumir de manera corresponsable el

apoyo a los programas, planes, políticas y proyectos en todas las áreas que desarrollen

estas organizaciones populares, teniendo como prioridad siempre:

 

• Derechos de las mujeres

• Derechos de las familias

• Derechos laborales

• Derechos al hábitat y la vivienda

 

Toda política pública que se desarrolle en relación a trabajadores y trabajadoras

residenciales debe ser diseñada, ejecutada y evaluada con las organizaciones

populares del referido sector. Fundamentalmente para efecto del desarrollo de política

y planes en ejes territoriales concretos.

 

De la articulación popular

 

Artículo 52º. Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras residenciales se

articularán entre ellas y con las otras organizaciones y expresiones del movimiento

popular del territorio para el impulso de políticas y planes comunes.

 

 

TÍTULO VIII

 

DEL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS RESIDENCIALES

 

Capítulo I

Política de atención Integral a los trabajadores y trabajadoras residenciales

 

Definición

 

Artículo 53º. El Ejecutivo Nacional desarrollará una política de atención integral a los

trabajadores y trabajadoras residenciales, que será diseñada, ejecutada y evaluada de

manera corresponsable entre este y las expresiones de organización popular de los

trabajadores y trabajadoras residenciales. De igual manera el Estado garantizará el

desarrollo de las políticas públicas que se consideren pertinentes para la atención a las

necesidades de este grupo vulnerable.

 

De las áreas de acción de políticas públicas

 

Artículo 54º. Las políticas de atención integral a los trabajadores y trabajadoras

residenciales se orientarán hacia el fortalecimiento de las siguientes áreas prioritarias:

 

1. Área de Vivienda popular.

2. Área de desarrollo humano: Economía Comunal, Mujer, Familia, Educación,

Formación y Cultura.

3. Área de Derechos laborales y protección social.

 

Conserje de Protección Integral

 

Artículo 54º. El Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la potestad organizativa de la

Administración Pública Nacional, podrá crear un Consejo de Protección Integral, como

instancia encargada de velar por la protección de los derechos de los trabajadores y las

trabajadoras residenciales.

 

El referido Consejo de Protección Integral, ejercerá la rectoría en las políticas de

atención integral de los trabajadores y las trabajadoras residenciales. En la conformación del Consejo de Protección Integral deberán participar representantes de las vocerías de los Consejos Populares de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales, y de otras formas de organización popular de dichos trabajadores y trabajadoras.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA. Dentro del plazo de seis (06) meses contado a partir de la entrada en

vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, deberán adecuarse a las normas y previsiones aquí establecidas todas las relaciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras residenciales.

 

SEGUNDA. El Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberá ser dictado en un plazo no mayor de seis (06) meses, contado a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA: Las contravenciones a las disposiciones previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán sancionadas conforme a la legislación aplicable, según la naturaleza del ilícito, sin menoscabo de las acciones que por indemnización, puedan ejercer los trabajadores y trabajadoras residenciales, para obtener el resarcimiento por daños y perjuicios que les sean causados.

 

SEGUNDA. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza cíe Ley entrará en vigencia con su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los cinco días del mes de mayo de dos mil once. Años 201° de la Independencia, y 151° de la Federación y 12º de la Revolución Bolivariana.

 

Cúmplase, (L.S.)

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

 

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.)

FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado

El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.)

JORGE GIORDANI

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.)

EDMEE BETANCOURT DE GARCÍA

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (L.S.)

JOSÉ SALAMAT KHAN FERNÁNDEZ

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.)

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.)

JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.)

MARLENE YADIRA CÓRDOVA

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.)

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.)

EUGENIA SADER CASTELLANOS

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.)

MARIA CRISTINA IGLESIAS

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones (L.S.)

FRANCISCO JOSÉ GARCES DA SILVA

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.)

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.)

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.)

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.)

ISIS OCHOA CAÑIZÁLEZ

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)

CARLOS OSORIO ZAMBRANO

Refrendado

El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (L.S.)

FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.)

HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)

NANCY PÉREZ SIERRA

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica (L.S.)

ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

Refrendado

El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.)

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DÍAZ

Refrendado

El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria

de la Gran Caracas (L.S.)

FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS