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Las actividades económicas desarrolladas en el lago de Maracaibo y la patente de industria y comercio.

Tributación

Fuente: Homes Urdaneta & Asociados

Publicado el 18-07-2008

 

INTRODUCCIÓN

El Lago de Maracaibo es el más grande de Suramérica, el mayor reservorio de agua dulce y el mas grande del mundo con comunicación al mar. El lago propiamente dicho posee una extensión de aproximadamente 12.870 kilómetros cuadrados. “ Visto destacadamente con forma de saco en cualquier mapa de Venezuela, cabe Maracaibo 30 veces y holgadamente la mitad de El Salvador”.

La presencia y existencia del lago, no solo involucra a la ciudad de Maracaibo. El extenso territorio que conforma la cuenca del lago y el “Sistema de Lago de Maracaibo” comprende una superficie aproximada de 78.180 Kilómetros cuadrados y comprende el Estado Zulia en su totalidad y parte de los Estados Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón y Lara y una extensión del Departamento de Santander de Colombia. Componen también el sistema del lago de Maracaibo, 135 ríos que aportan el reservorio de agua dulce, el golfo de Venezuela, la bahia del tablazo, el estrecho y el lago de Maracaibo, propiamente dicho.

Un total de ventiún municipios integran el Estado Zulia, de los cuales diecinueve tienen acceso directo a este escenario natural. Ellos son los municipios Páez, Almirante Padilla, Mara, Maracaibo, San Francisco, la Cañada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, Catatumbo, Colon, Francisco Pulgar, Sucre, Baralt, Valmore Rodriguez, Lagunillas, Simón Bolívar, Santa Rita y Miranda. No tienen acceso directo a las riberas del lago, los municipios Jesús Enrique Lossada y Jesús María Semprum.

No puede mencionarse el lago de Maracaibo sin hacer mención a su puente.
“Majestuoso, el Puente sobre el lago de Maracaibo realza el paisaje marabino desde 1963.
Tiene ocho kilómetros de longitud y sirve de cordón umbilical entre las dos costas. Pero, es mas que una cinta colgante de concreto precomprimido (quizás la estructura más larga del mundo a base de dicho material): es un espectáculo, un trozo de la misma ciudad, suspendido sobre las aguas”.

En este escenario natural que constituye el lago de Maracaibo, su cuenca y sus municipios ribereños, se desarrolla una intensa actividad económica de exploración, perforación, transporte y comercialización de hidrocarburos y de nuestro principal recurso natural: el petróleo. No puede mencionarse al Zulia sin la identificación inmediata del petróleo y toda la actividad económica que se genera alrededor de este importante recurso.

Desde hace mas de cincuenta años, mas de un millar de empresas han prestado servicios a las antiguas filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) hoy identificadas todas como PDV en el escenario del Lago de Maracaibo y sus municipios ribereños. Y este desenvolvimiento en las actividades económicas ha constituido el polo de desarrollo económico no sólo para el sector privado, sino para el sector público, y en especial, para el desarrollo de los propios municipios.

El objeto del presente trabajo es el de analizar, las actividades económicas desarrollas en el lago de Maracaibo y sus implicaciones con el impuesto de patente de industria y comercio (IPIC). De manera especial, haremos referencia a las consecuencias que se derivan de la interpretación de la sentencia emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Contencioso Tributario en el ya muy comentado caso de la empresa Forewest C.A. en el juicio de nulidad intentado contra el municipio Lagunillas del Estado Zulia, los antecedentes a este caso y las decisiones mas recientes tomadas por los tribunales en esta materia. Intentaremos también sintetizar los elementos que componen el impuesto de patente de industria y comercio y las limitaciones jurídicas que tienen los entes locales con este impuesto con el propósito de contribuir a una elaboración doctrinaria sobre las actividades económicas desarrolladas fuera de la jurisdicción del municipio.


NATURALEZA DEL IMPUESTO DE PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

La patente de industria y comercio es uno de los ingresos que la Constitución Nacional califica como propios del Municipio de conformidad con lo previsto en el artículo 31 ordinal 4 del texto constitucional. La creación, recaudación e inversión de esos ingresos, es una consecuencia de la autonomía municipal consagrada en el texto constitucional (Artículo 29 C.N.).

Tradicionalmente se ha concebido la patente como una dualidad: por una parte algunos autores la han calificado como una licencia o permiso que el Municipio concede a los contribuyentes para el ejercicio de actividades comerciales o industriales en su jurisdicción. Es un acto administrativo de carácter permisivo, y un requisito consagrado con carácter indispensable para el ejercicio de actividades comerciales o industriales en todas las entidades locales.

Esta concepción de la patente como “permiso” o “licencia” tiene fundamento en su origen histórico. Desde la Edad Media, los señores feudales otorgaban una “carta-patente” a todas las personas que quisieran ejercer actividades económicas en la jurisdicción de su respectivo feudo. Durante los siglos XVI y XVII se conocía con la denominación de patente las autorizaciones que los reyes otorgaban a los marineros para el ejercicio del comercio en las colonias americanas. Las “patentes de corso” eran conocidas como la autorización para ejercer la piratería contra las naves españolas.

Por otra parte, la patente también es considerada un impuesto, en el sentido que origina el pago de un porcentaje de los ingresos brutos anuales de los contribuyentes, de conformidad con alícuotas que se establecen para cada tipo de actividades. La patente como impuesto, tuvo su origen en Europa después de la Primera Guerra Mundial, oportunidad en la cual casi todos los países establecieron un “impuesto sobre las transacciones” que técnicamente revestía las mismas características de la patente concebida como la tenemos hoy.

En Venezuela, algunos tributaristas han cuestionado esta dualidad de la patente, vale decir, el carácter de tasa por el permiso (“la licencia”) y el carácter de impuesto. Esta tesis tiene su principal argumento en que el Constituyente, cuando enuncia los ingresos municipales, enumera la patente de industria y comercio y de seguidas enuncia los impuestos sobre inmuebles urbanos y los impuestos espectáculos públicos. Tal vez haciendo una distinción entre el permiso para el ejercicio de actividades económicas y los impuestos propiamente dichos. Veamos el contenido del artículo 31.

Art. 31. Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:
1. El producto de sus ejidos y bienes propios
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios
3. Las patentes sobre industria, comercio y vehículos y los impuestos sobre inmuebles  urbanos y espectáculos públicos
4. Las multas que impongan las autoridades municipales y las demás que legalmente le sean atribuidas.
5. Las subvenciones estadales o nacionales y los donativos; y
6. Las demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que crearen de conformidad con la ley.

De conformidad con el artículo anterior, pareciera que el legislador intentó distinguir entre la patente o licencia de industria, comercio y de vehículos y los impuestos sobre inmuebles urbanos y espectáculos públicos, en el contexto general de los ingresos municipales.

Esta distinción del texto constitucional ha originado que algunos autores consideren el impuesto de patente de industria y comercio (IPIC) como inconstitucional.

A nuestro juicio, en todas las ordenanzas municipales que conocemos del país, aún pueden distinguirse claramente los dos aspectos de la patente:
a) La licencia o el permiso, considerado como es el acto administrativo de carácter permisivo por el cual la autoridad municipal autoriza el ejercicio de actividades comerciales o industriales en su jurisdicción territorial. Por esta licencia se cancela una tasa mínima anual establecida en las respectivas ordenanzas y
b) El impuesto propiamente dicho (IPIC) por el ejercicio de las actividades industriales o comerciales en la jurisdicción municipal, con carácter habitual, permanente, con fines lucrativos y que toma base para el calculo anual, los ingresos brutos de los contribuyentes. Sobre esta base imponible se establecen alícuotas variables de conformidad con la actividad económica de que se trate.

Nuestra jurisprudencia en varias oportunidades ha hecho distinción de la patente propiamente dicha y el IPIC. Así, en el caso Compañía Anónima Cervecería Nacional Vs.

Concejo Municipal del Distrito Federal3, determinó que:
“…tampoco debe confundirse el impuesto propiamente dicho con el permiso cuya denominación adopta, ni el objeto de aquel con el fin de este. En efecto, aun cuando pueda subsistir la necesidad legal de la obtención de la patente para el ejercicio de esa actividad lucrativa, la exacción fiscal, asímismo denominada, no se causa por la obtención de aquella por lo cual sería una tasa sino, precisamente, por el ejercicio de es actividad lucrativa, - por lo cual es un verdadero impuesto. De no ser así, podría pretenderse que, quien realizara actividades lucrativas gravadas, sin obtener el permiso patente, se haría solamente posible de las sanciones administrativas previstas para la omisión pero estaría inmune a la incidencia del gravámen. La obtención de la patente, como permiso, solo tienen fines administrativos y fiscalizadores, de policía fiscal, como es la formación del Registro General del Padrón de Industriales y Comerciantes que previene la Ordenanza…”

Así mismo, en decisión tomada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 24 de enero de 1990 el tribunal asentó la doctrina judicial de que la tasa para la expedición de la patente o permiso para el ejercicio de la actividad lucrativa del contribuyente en el respectivo municipio, no puede ser de tal magnitud que impida el normal desenvolvimiento y rentabilidad del sujeto pasivo. A nuestro juicio, con esta doctrina se ratifica el carácter de acto administrativo de la licencia y la proporción económica que debe tener esta licencia con relación al impuesto propiamente dicho.

Corte Suprema de Justicia. Sala Política Administrativa. 13 de diciembre de 1965. Gaceta Forense. No. 50.
En este punto es importante plantear la hipótesis, planteada con frecuencia en el Estado Zulia, sobre las empresas que tienen su sede social, oficinas administrativas o bases operativas en la circunscripción de algún municipio, pero que la totalidad de su trabajo es ejecutado en el Lago de Maracaibo. Esta hipótesis también es valida, lógicamente en municipios donde concurran circunstancias similares.

Según una parte de la doctrina y comentaristas en el área tributaria, acá puede apreciarse el carácter dual de la patente. Obviamente esa empresa estará en la obligación de obtener la patente (o el permiso para operar en la jurisdicción municipal) y solo contribuirá con el impuesto correspondiente, en la misma medida en que sus ingresos brutos se hayan causado, producido o devengados en el territorio municipal. En caso contrario, cuando no existe identidad entre el ingreso y el territorio, no puede causarse el impuesto. Mas adelante comentaremos en detalles este aspecto.

CONDICIONES PARA QUE PROCEDA EL IMPUESTO DE PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (IPIC). ESPECIAL REFERENCIA AL HECHO IMPONIBLE

La doctrina y la jurisprudencia han ido elaborando una densa tesis alrededor de los elementos constitutivos del hecho imponible en el IPIC. Definido en nuestro Código Orgánico Tributario el hecho imponible como las circunstancias de hecho previstas en la ley para el nacimiento de la obligación tributaria, el hecho imponible o hecho generador de este impuesto lo constituye el ejercicio de actividades comerciales o industriales dentro de la jurisdicción territorial del municipio.

Ahora bien, el ejercicio de esas actividades comerciales o industriales requieren de ciertos elementos que, a nuestro juicio, deben coexistir, en el tiempo y en el espacio para que sea procedente en un sentido técnico y jurídico este impuesto. Estos elementos que deben estar presentes en el hecho imponible del Impuesto de Patente de Industria y Comercio son la habitualidad de la actividad ejercida en el municipio, la naturaleza industrial o comercial de la actividad y la territorialidad. De seguidas, ampliaremos estos conceptos según el alcance que les ha dado la doctrina y jurisprudencia nacional.

Habitualidad.
La habitualidad, como requisito de procedencia de la patente de industria y comercio se refiere a la realización constante del giro ordinario del negocio o establecimiento comercial o industrial. Consecuencialmente a esta concepción, no serían objeto del IPIC aquellas actividades consideradas marginales o extraordinarias para el establecimiento. Esta es la doctrina judicial asentada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región centro Norte en fecha 25 de febrero de 19895

De conformidad con Romero Pirela, la habitualidad:
“… es de la esencia de toda actividad con fines lucrativos, pues una vez que se asume como modo de vida, el ejercicio del comercio o de alguna industria, a título individual o bajo la forma corporativa de una sociedad civil o mercantil, es obvio que la actividad respectiva será con carácter permanente o habitual. La única distinción que cabe hacer en cuento a este requisito es que no se cumple por igual en todas las actividades lucrativas pues la índole de la misma determina el número de repeticiones necesarias para configurarla… la habitualidad de la actividad comercial o industrial puede consistir en actividades que duran poco tiempo, inclusive un solo día, piense por ejemplo en la explotación comercial de una pelea de boxeo”.

La jurisprudencia nacional ha establecido también que sólo son susceptibles del impuesto de patente de industria y comercio las actividades habituales del contribuyente, esto es, aquellas que corresponden al giro ordinario del negocio. No son gravables, en consecuencia, aquellas actividades consideradas marginales o extraordinarias que se realizan de manera circunstancial. Así, en el caso de Envases Internacional, previamente citado el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, estableció:
“Según el clasificado 37.85 de la Ordenanza, se incluyó a la recurrente gravando la cuenta dentro del ejercicio del comercio de venta de desechos industriales, chatarra,  etc. De todo lo anterior se deduce la extralimitación de los representantes de la Municipalidad al pretender gravar los ingresos que la recurrente obtiene por la venta de los envases, el material sobrante y los vehículos o mobiliario usados, como si ello fuera la actividad de la empresa ENVASES INTERNACIONAL, C.A. y menos aún resulta admisible que se le grave como si ejerciera una actividad de comercio al por mayor, dado que la misma no tiene como función principal la venta de esos bienes, sino que ello ocurre como consecuencia de la propia actividad de la empresa mencionada. La verdadera actividad de la misma es la de fabricación de envases de cartulinas, y de acuerdo a su explotación le fue asignada la Patente de Industria y Comercio clasificada conforme al numeral 1002 de la Ordenanza que la rige, siendo entonces el hecho generador del impuesto la actividad industrial o comercial ejercida, no un impuesto sobre el capital, sobre las ventas o los ingresos brutos. De ahí entonces que no deben confundirse el hecho generador del impuesto con la base para su cálculo o base imponible, la cual debe ser o bien el volumen de ventas, los ingresos brutos o el capital. El contribuyente de este impuesto lo es, bien porque explote una industria, o porque ejerza el comercio. En estos casos se hace imprescindible la correcta motivación de los actos administrativos, dado que constituye un requisito calificado como sustancial, ya que la ausencia de fundamentos o la equivocada mención de alguna norma positiva abre amplio margen al arbitrio del funcionario encargado de levantar el Acta. Así se declara.”
No amerita mayor comentarios este aspecto del IPIC y además no ha creado mayores fricciones dentro de la doctrina ni la jurisprudencia.

Naturaleza industrial o comercial de la actividad desarrollada por los contribuyentes.
Para que sea procedente la gravabilidad de las actividades económicas desarrolladas en las jurisdicciones municipales es requisito indispensable que las mismas se refieran a actividades “comerciales o industriales”, excluyéndose por tanto las actividades económicas de naturaleza civil. El marco regulatorio general de las actividades civiles, está contemplado en nuestro Codigo Civil y el marco regulatorio de las actividades comerciales, lo establece en términos generales el Código de Comercio. Este último instrumento legislativo establece algunas condiciones para el ejercicio del comercio como la obligatoriedad de inscripción de actas constitutivas de sociedades mercantiles, ciertos documentos de importancia para las corporaciones, así como el cumplimiento de deberes formales de llevar libros de contabilidad, mayor e inventarios, entre otras obligaciones.
Ha existido una muy variada doctrina y jurisprudencia sobre el carácter estrictamente civil que deben tener las actividades económicas para que puedan ser objeto del IPIC y tal vez la más reciente sea la del caso Forewest, objeto de este trabajo. Así, se ha establecido previamente que la calificación de “comerciante” de una sociedad mercantil no implica que necesariamente todos los actos o actividades desarrolladas por la misma, sean de carácter mercantil. Al efecto, es importante transcribir parcialmente la sentencia del caso Colegio Emil Friedman C.A. Vs. Concejo Municipal del Distrito Sucre del Estado Miranda donde claramente se deja por sentado que la educación, por no ser una actividad mercantil, no debe cancelar el impuesto de patente de industria y comercio .

En esa oportunidad la actuación fiscal de la municipalidad tuvo como fundamento de su reparo:
“Es evidente de que los Artículos 78, 79 y 80 de la Constitución Nacional contienen uno de los Derechos Sociales fundamentales; La educación; y el deber esencial del estado de velar, asegurar, orientar y proteger la educación privada que se imparte en el país. Así vemos que el Artículo 114 de la Ley de Educación establece que: “el Estado estimulará la educación privada, prestándole apoyo moral, material y técnico, en la forma en que lo considere conveniente”. Es más, el Artículo 3o. ejusdem, en relación con el Artículo 10 del Reglamento General nos señala el valor fundamental que el Estado Venezolano da a la Educación, cuando consagra la subvención por parte de aquél a Institutos fundados por particulares, procurando regular y periódica ayuda económica a los mismos. Todo lo cual nos lleva, como conclusión lógica de que el Estado no considera, en principio, de que la actividad desplegada por los colegios privados sea una actividad mercantil. Pero la apelante se encarga por si misma de destruir tal presunción al constituirse en una sociedad por acciones, en una sociedad mercantil, en una Compañía Anónima; y conforme a lo establecido en el Artículo 10 del Código de Comercio: “Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del Comercio su profesión habitual, y las sociedades mercantiles”.

Ante expresión tan categórica no cabe duda de ninguna índole de que la recurrente realiza una actividad mercantil y por consiguiente sujeta al pago del impuesto a que se refiere la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio. Segundo: En ausencia de toda prueba que desvirtúe o pueda enervar lo establecido en el Acta de Inspección Fiscal, en la cual el Auditor-Contador hace una exposición analítica de las razones de hecho y derecho que sirvieron de base a su actuación, y dado el carácter de legitimidad de que está investida, hasta que demuestre lo contrario, es procedente calificar de verdaderos ingresos brutos de la recurrente los que se registran como tales en el Acta Fiscal”.

Para rebatir los argumentos de la actuación municipal, la Corte alegó:
La Constitución Nacional al disponer en su artículo 79 que toda persona natural o jurídica podrá dedicarse libremente al desarrollo de la actividad docente, no distingue cuál es la forma de persona jurídica que se debe adoptar para desarrollar tal actividad, por lo cual los promotores del Colegio Emil Fríedman al organizarse como Sociedad Mercantil para ejercer la docencia se acogieron a lo dispuesto en la norma constitucional citada; y si bien, al escoger la forma de Sociedad Mercantil, la recurrente puede ser calificada como comerciante, de tal circunstancia no se deduce que todos los actos y actividades desarrolladas por la Sociedad en cuestión sean necesariamente, de naturaleza mercantil, consideración ésta sustentada por autorizada doctrina y reiterada jurisprudencia y tal como lo expresa la Fiscalía General de la República en su dictamen “...si ellos escogieron la forma de compañía anónima es lógico que, en principio, como tal es comerciante; pero la actividad que realiza por su naturaleza intrínseca, como es la de la educación, en ningún momento puede constituir acto de comercio, razón por la cual no opera con respecto a esa persona jurídica la presunción legal de comerciabilidad establecida en el artículo 3o. del Código de Comercio, porque ella es iuris tantum, y no debe aplicarse cuando resulta lo contrario del acto mismo o cuando éste sea de naturaleza esencialmente civil. Por otra parte, tampoco la actividad de los colegios privados está contemplada entre los actos objetivos de comercio que enuncia el artículo 2o. ejusdem. Ese criterio está corroborado y confirmado en la profusión de disposiciones que, al respecto, contemplan la Constitución, la ley de Educación y su Reglamento”. Conceptos estos que son compartidos por la Procuraduría General de la República, la cual como se ha dicho, considera, sin embargo, procedentes los reparos formulados en atención a que el tributo se impone, no a la actividad educativa, sino a la actividad lucrativa que ejerce una sociedad mercantil.

En el caso presente está comprobado que la sociedad mercantil a la cual se refieren estas actuaciones se dedica a la actividad docente, la cual no puede ser calificada como acto de comercio.
Cabe, además, observar que si de las normas constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes se desprende la obligación del Estado de “estimular y proteger” la educación privada, y hasta de subvencionarla, resultaría contrario al derecho y a la lógica que mediante una Resolución del Poder Municipal se desconociera o desvirtuara el ordenamiento jurídico, de rango constitucional, al cual se ha hecho referencia”.
En el caso Forewest7 el juzgado sentenciador también ratificó en términos muy generales que la actividad desarrollada por la empresa (aún tratándose de una sociedad anónima) no responde al concepto de actividad mercantil propiamente pues la labor desarrollada por el contribuyente consiste en “...el ejercicio de actividades profesionales, como lo es la ingeniería de petróleo, a través tanto de ingenieros, técnicos y demás empleados calificados, y en consecuencia, no encuadra en el supuesto de mercantilidad”

Territorialidad.
Sobre lo que si existe uniformidad en la doctrina y la jurisprudencia es en el carácter territorial del IPIC. Este principio está consagrado en el Código Orgánico Tributario (COT) al establecer que las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para crearlas (art. 12 del COT). De esta manera los Municipios, al establecer las respectivas ordenanzas de IPIC solo pueden aplicarlas en la jurisdicción territorial que les corresponde. A nuestra juicio, esa competencia territorial viene determinada por las correspondientes Leyes de División Político Territorial promulgadas por las Asambleas Legislativas de los Estados.

Nuestros tribunales han reconocido el carácter eminentemente territorial de este impuesto. Así en sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en 1969, publicada en la Gaceta Forense de ese año, pag.272 a 278 se estableció:
“...en sentencia de fecha 5 de marzo de 1967 la Corte declaró que el impuesto denominado patente de industria y comercio, atribuido por la Constitución a la competencia municipal, no es un impuesto sobre las ventas ni sobre los ingresos brutos, ni sobre el capital, sino simplemente sobre la actividad industrial o comercial ejercida en el ámbito del Municipio respectivo y es este el hecho generador del impuesto, en atención a la territorialidad del impuesto municipal...”

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que las actividades comerciales o industriales que los contribuyentes que ejecuten exclusivamente en el Lago de Maracaibo, en ríos navegables o en aguas terrioriales no se encuentran gravadas con el IPIC, por no ser esas áreas geográficas jurisdicciones de ningún Municipio, sino de la Nación y a aquellos les está prohibido invadir la competencia tributaria de ésta. En la sentencia del caso Forewest, el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario se pronunció sobre el particular en los siguientes términos:
“ ...la actividad desarrollada por la recurrente es la rehabilitación de pozos petroleros, específicamente la operación de las Gabarras RIG-50 y RIG-51 que se encuentran en el Lago de Maracaibo, como así lo pudo constatar personalmente este sentenciador a través de la Inspección Judicial que realizara en fecha 01 de octubre de 1997...por lo que se puede concluir que dicha actividad se efectúa fuera del territorio del Municipio Lagunillas, o lo que es lo mismo la empresa Forewest de Venezuela opera las Gabarras RIG-50 y RIG-51 en territorio bajo la potestad nacional, como lo es el Lago de Maracaibo y por consiguiente sus ingresos derivados de la rehabilitación de pozos no es ni puede ser pechado por el Impuesto de Patente de Industria y Comercio, primero por estar fuera del Muncipio Lagunillas...” (Caso Forewest. Sentencia No. 563 de fecha 30 de marzo de 1998 , Expediente 1017).

En este mismo sentido, el Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario detrerminó, en decisión de fecha 05 de Agosto de 1998 (hasta el momento la conocemos como la más reciente en la materia) que las operaciones realizadas por una contratista en el río Orinoco o sus extensiones del golfo de Paria, no están sujetas al IPIC por no corresponder a jurisdicciones de ningún municipio. 8 El argumento fundamental del tribunal sentenciador, es que el artículo 136, ordinal 10 de la Constitución Nacional establece que el régimen de las aguas marítimas y fluviales es de la exclusiva competencia del poder nacional.

Otro aspecto interesante de dilucidar es si como consecuencia de las actividades que realizan los contribuyentes en aguas marítimas o fluviales será necesario instalar puertos, muelles u oficinas en tierra firme que sí se encuentren en jurisdicción de determinados Municipios del Estado Zulia y por tanto puedan ser gravadas con el IPIC. En este caso, sugerimos que los contribuyentes realicen esfuerzos por determinar que proporción de sus ingresos brutos anuales, pueda imputar a esas instalaciones u oficinas para que sean gravados por el respectivo ente municipal solamente en la proporción de esos ingresos y no a totalidad de 8 Caso Servicios Halliburton de Venezuela S.A. Vs. Alcaldía del Municipio Valdez del Estado Sucre. Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario.

IMPLICACIONES FISCALES PARA LOS MUNICIPIOS

La interpretación que ha venido desarrollando nuestros tribunales contenciosos tributarios, según la cual no están gravados con el impuesto de patente de industria y comercio las actividades económicas desarrolladas en el Lago de Maracaibo y en otras áreas marítimas o fluviales, tiene graves implicaciones fiscales para los municipios ribereños. De seguirse materializando esta tesis, con la cual comulgamos, los municipios inevitablemente enfrentarían una severa crisis fiscal.

En este sentido, es interesante conocer los grados de dependencia que tienen los municipios del Estado Zulia con el impuesto de patente de industria y comercio. De la interpretación propia que hemos hecho de algunas estadísticas publicadas9, y de datos suministrados por las alcaldías, se evidencian los siguientes hechos:
• Durante los años 1990 a 1996, ambos inclusive, por lo menos seis municipios mostraban una dependencia de la patente de industria y comercio, en relación al resto de los ingresos, superior al 40%. Es decir, del total de sus ingresos, el mayor porcentaje correspondía al IPIC. Así, la participación porcentual de la patente de industria y comercio, en promedio durante esos siete años en algunos municipios del Estado Zulia, fue la siguiente: Miranda, 77%, Lagunillas 63.27%, Cabimas 52%, Valmore Roriguez 47.90%, La Cañada de Urdaneta 45.1% y Maracaibo 45%.
•La mas reciente, ROMERO PIRELA, Rafael Ob Cit. Pag 200 a 219. Cuadros estadísticos de recaudación.
• De los municipios citados, a excepción de Maracaibo y Cabimas, la mayor parte de los ingresos derivados de la patente de industria y comercio, es causado por actividades del sector petrolero, especialmente en el área de servicio ejecutadas en el Lago de Maracaibo.
• Para el año 1996, en términos corrientes, los citados municipios mostraron los siguientes ingresos derivados del IPIC, en terminos corrientes: Miranda Bs. 2.680.484.593, Lagunillas Bs. 4.360.783.358, Cabimas Bs. 2.594.786.851, La Cañada de Urdaneta 857.834.440 y Maracaibo 10.538.983.000

Como podrá apreciarse, los montos causados por el IPIC en el Estado Zulia representan un pocentaje bastante significativo del total de sus ingresos. Asumir definitivamente la interpretación de la no gravabilidad de las operaciones realizadas en el Lago de Maracaibo podría representar un duro golpe en las finanzas municipales. Sin embargo, en estricto sentido jurídico, la razón pareciera no estar de parte de los municipios.

Tenemos conocimiento de otros municipios que pueden mostrar estadísticas y situaciones similares a las aportadas en este ensayo. Por ejemplo, la Alcaldía del Municipio Bolivar del Estado Anzoategui, afronta problemas similares con las contratistas que han ejecutado trabajos en el mar, como consecuencia del contrato Jose, en aguas profundas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, y de la Constitución Nacional, el Lago de Maracaibo es un territorio cuya regulación corresponde a la exclusiva competencia del poder nacional. En consecuencia, todo el régimen jurídico que pretenda establecerse sobre este territorio en materia impositiva, corresponde a la Nación y debe estar previsto en una Ley emanada del Congreso Nacional y promulgada por el Presidente de la República.

Como corolario de lo anterior, a los Estados y a los Municipios ribereños al Lago de Maracaibo o ribereños a otras formaciones lacustres (lago de Valencia, ríos navegales o no navegables), les está vedado establecer tasas, contribuciones o impuestos por las actividades económicas desarrolladas en aguas marítimas, lacustres o fluviales. Especialmente, en materia de impuesto de patente de industria y comercio, la imposibilidad de establecer algún tipo de tributos, es consecuencia de que estas formaciones naturales, no corresponden a su territorio y de conformidad con el artículo 12 del Codigo Organico Tributario, las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del organo competente para crearlas.

Los Municipios pudieran tener derecho a establecer un cobro por la “Patente” o “Licencia” a aquellas empresas, establecimientos o comerciantes que realizando exclusivamente actividades económicas en aguas maritimas, fluviales o lacustres, poseen una sede social en territorio municipal para el ejercicio de actividades administrativas. Pero en ningún caso cobrar el impuesto correspondiente por los ingresos brutos que se generen fuera de su jurisdicción.

Como medida de planificación fiscal, los contribuyentes que realicen actividades económicas en situaciones semejantes a las descritas anteriormente, deben llevar control contable y administrativo de las actividades realizadas en territorio municipal y en territorio nacional (ríos, lagos y mares, por ejemplo) a los efectos de determinar con claridad su situación fiscal.

Es posible que por razones políticas o para garantizar el funcionamiento económico de los municipios ribereños, la futura doctrina y jurisprudencia flexibilice los principios que desde ya, han comenzado a elaborar con claridad los tribunales contencioso tributario. Sin embargo, en estricto sentido jurídico, compartimos a cabalidad las decisiones tomadas por los tribunales contencioso tributario.
 

Autor: Luis Homes Jimenez

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